La reforma energética presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto,[1] pone el énfasis del futuro energético del país en profundizar el modelo de explotación de hidrocarburos para la generación de energía. Además plantea la necesidad de explotar de manera intensiva los yacimientos de hidrocarburos no convencionales ─como el gas shale o de esquisto y aguas profundas─, para ello, de acuerdo con los argumentos del gobierno federal, es necesaria la participación de las empresas privadas que sí tendrían la tecnología y recursos.
También conocido como gas de pizarra o lutita, el gas shale es gas natural que se encuentra atrapado en sedimentos de roca abundantes en esquisto y otros materiales orgánicos, a profundidades de mil a cinco mil metros. Puede existir en la misma placa con petróleo y otros hidrocarburos. Su extracción se hace a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical que alcanza niveles increíbles de profundidad, posteriormente viene acompañada de una perforación horizontal que puede extenderse entre 1 y 1.5 kilómetros. Una vez hechas las perforaciones, y debido a la baja permeabilidad de la roca de esquisto, es necesario fracturar la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión, para permitir el flujo y salida del gas. Sin embargo, este flujo disminuye muy pronto, por lo cual para mantener la producción, es necesario realizar continuamente el procedimiento de fractura hidráulica o fracking en un mismo pozo.
El proceso de fracking tiene varios impactos socioambientales, entre los que destacan los siguientes:
Disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas: Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. La explotación de los 20,000 pozos anuales que se está planteando desde diversos sectores, supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año. Ello supondría la disminución de la cantidad de agua disponible para otros usos, lo que pondría en peligro la realización del derecho humano a este recurso. En Coahuila, una de las regiones donde esta actividad se está realizando, la disponibilidad de agua es ya limitada.
Contaminación de las fuentes de agua: En Estados Unidos existen más de 1,000 casos documentados de contaminación de fuentes de agua cerca de pozos de gas de esquisto. En total, se han identificado más de 2,500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación. Los expertos señalan que más del 25% de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37% afectar al sistema endocrino, el 50% dañar el sistema nervioso y el 40% provocar alergias.
Emisiones de gases contaminantes: La extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución del gas de esquisto supone la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. El 90% de estas emisiones se encuentra compuesto por metano (CH4), cuyo escape es superior en un 30% al de los proyectos de gas natural convencional.
La apuesta del gobierno hacia este tipo de hidrocarburos supone el desvío de esfuerzos y recursos públicos que podrían estar siendo destinados al desarrollo de energías renovables. Se estima que la inversión para explotar gas shale podría ascender a 600 mil millones de dólares, parte de los cuales podrían ser utilizados para propiciar el desarrollo de las energías renovables, a lo que únicamente destina los 300 millones de pesos que establece la Ley para el Aprovechamiento de Energía Limpia y el Financiamiento para la Transición Energética. En este sentido, la transición energética a la que el gobierno se ha comprometido como lo muestra la Ley General de Cambio Climático creada en 2012, donde se establece que para el año 2024 el 35 % de la energía tendrá que ser producida a través de energías renovables está lejos del escenario que plantea la Reforma Energética. Además, supondría el agravamiento de los ya fuertes impactos sobre el medio ambiente, así como el aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) causantes del cambio climático.
Por todas estas razones, diversos sectores sociales y políticos están alzando su voz en contra de la explotación de este tipo de hidrocarburos y exigiendo al gobierno una verdadera reforma energética, que ponga en marcha las medidas necesarias para asegurar la provisión energética en el futuro de manera sostenible, con pleno respeto de los derechos humanos y a la protección del medio ambiente. Uno de estos actores es la Alianza Mexicana contra el Fracking conformada por 18 organizaciones de la sociedad civil.[2]
Sin duda, es necesario que la Reforma Energética amplíe su horizonte y que no se centre principalmente en la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Apostar por la extracción del gas shale es claramente un paso en la dirección equivocada, ya que representa mayores impactos sociales, ambientales y grandes costos económicos.
[1] Presidencia de la República (2013), Reforma Energética, Disponible en http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/
[2] Para conocer qué organizaciones conforman la Alianza: http://nofrackingmexico.org/?page_id=6
Beatriz Olivera – Alianza Mexicana contra el Fracking
@beoliverav / @NoFrackingMx
Desde 2010, coordina la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace en México, desde la cual busca impulsar las energías renovables en México a través de la Revolución Energética».